Represión franquista de mi abuela materna

La historia de la represión de mi abuela materna, Antonia Illescas Pavón

 

Antonia Illescas Pavón. Autor, Domingo Escarcena Cheeswright.
 Archivo, Juan Ordóñez

             En una investigación completamente distinta, un día me topé con una breve reseña en el Boletín Oficial del Estado del 19 de abril de 1944. Entre una larguísima lista de nombres aparecía el de mi abuela materna, Antonia Illescas Pavón, junto al número de expediente 254. El Presidente de la Audiencia Provincial y del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Málaga comunicaba que aquel expediente quedaba sobreseído, y que mi abuela recuperaba la libre disposición de sus bienes, quedando cancelados los embargos y trabas que pesaban sobre ella.

BOE, 19 de abril de 1944, p, 1566

              Aquella pequeña nota del BOE fue el hilo del que empecé a tirar.

        Durante mucho tiempo intenté encontrar ese expediente nº 254, convencido de que encajaría como las piezas de un rompecabezas con la historia oral que conocía: una imputación falsa, encarcelamiento y el peligro real de que mi abuela tuvo todo en su contra y podía haber sido ejecutada.

Busqué en numerosos archivos sin éxito: Archivos Judiciales; Archivo de la Real Chancillería de Granada; Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla (TMT2); Juzgado Togado Militar Territorial nº 23 de Almería (JUTOTER) y por último en el Archivo Histórico Provincial de Málaga y desafortunadamente, todas mis pesquisas fueron infructuosas. Todos los archivos citados apuntaban que donde podría estar es en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, pero   tras ir allí personalmente, tampoco lo encontraron. Cabe pensar después de mucho indagar que el expediente original ya no existe. Muchos expedientes fueron destruidos expurgados o se dispersaron cuando desapareció la jurisdicción de Responsabilidades Políticas. Gracias a la profesora titular de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga, Lucía Prieto Borrego quien amablemente me sugirió que buscara en el Archivo Histórico Municipal de Estepona, porque allí habría copias de los oficios, informes y diligencias que formaron parte de aquel expediente y así fue.

        En el AHME encontré los informes que el Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas solicitó a Falange, a la Guardia Municipal y a la Comandancia Militar de Estepona sobre los antecedentes político‑sociales de mi abuela, tanto antes como después del golpe de Estado.

Ingreso en prisión el 29-3-1937. Ahí aparece encarcelada junto a la infortunada Isabel Cano Carrasco quien fue ejecutada el 5 de mayo de 1937, día de la Ascensión. Archivo Histórico Municipal de Estepona (AHME) 

      Estos documentos no cuentan la verdad ni son ciertas las imputaciones que injustamente acusaban a mi abuela, atribuyéndole ideas izquierdistas; significación política y propaganda marxista, solo refleja como la administración falangista la veía. La única verdad que reflejan esos informes infames es que no tenía bienes. El único patrimonio era su casa de calle Almengual nº 4. La verdadera historia es que ella, en los pocos ratos de relajo que tenía leía el periódico sentada en su silla de enea en la puerta de su casa.  Las vecinas – muchas analfabetas- acudían y se sentaban en derredor para pedirle que leyera en voz alta y enterarse de las noticias. Tengamos en cuenta que, en esa época, en Andalucía el nivel de analfabetismo era altísimo, máxime entre las mujeres.

Primera diligencia penitenciaria. Se incorpora una anotación sobre su situación en prisión, 30-3-1937. Archivo Histórico Municipal de Estepona (AHME).

Diligencia de libertad, 31-3-1937 La documentación indica aparentemente que se acuerda su puesta en libertad al no mantenerse cargos suficientes contra ella. Archivo Histórico Municipal de Estepona (AHME)

              Fue encarcelada junto a Isabel Cano Carrasco, suegra de Luis Grimaldi. Isabel no tuvo la misma suerte: fue fusilada el 5 de mayo de 1937 día de la Ascensión junto a un numeroso grupo de personas. Sus restos "reposan" en una fosa común del cementerio de La Lobilla, catalogada por el Ministerio de la Presidencia como fosa 1780/2010 MALA, en un lugar indeterminado, posiblemente, bajo nichos construidos con posterioridad.

 

Cementerio de La Lobilla. Autor: Juan Ordóñez Bazán.

            Mi abuela estuvo a punto de correr la misma suerte. Según los testimonios familiares, se salvó gracias a la intervención de su hermano Melchor Illescas, miembro de la Comisión Gestora Municipal instaurada tras el golpe de Estado. En aquellos primeros meses, las Gestoras tenían un enorme poder: podían avalar, desmentir o confirmar acusaciones.

 

Oficio del Juzgado Instructor Provincial solicitando antecedentes políticos y sociales conforme a la Ley de Responsabilidades Políticas, 9-12-1941. Archivo Histórico Municipal de Estepona. (AHME).

Nota manuscrita al dorso del documento anterior. Reproduzco literalmente lo que dice: “Debe ser antonia (sic) illescas (sic) pavón (sic), que resulta de mala conducta político social antes y durante el movimiento sinpatizante (sic) de izquierda semanifesto (sic) varias bese (sic) en sus charlas contraria al nuestro alzamiento nacional, no tiene vienes (sic) abita (sic) en esta calle Almengual nº 4”

        A veces, un documento histórico como el de arriba se delata no por lo que dice, sino por lo que no sabe decir. En el dorso de ese papel amarillento, entre faltas de ortografía, aparece una frase que lo resume todo: “Debe ser Antonia Illescas Pavón”. Ese “Debe ser” es la huella escrita de una duda: el denunciante no sabía ni a quién estaba acusando.

        En el anverso del expediente habían puesto Antonio y cuando alguien advirtió el error, en vez de corregirlo con rigor, añadió esa coletilla imprecisa: Debe ser… 

        Y en medio de esa maraña, mi abuela -que no era marxista, ni agitadora, ni simpatizante de nada- quedó además atrapada en un burdo texto donde la acusaban sin saber quién era.

La Guardia Municipal emite un informe sobre la conducta política de mi abuela donde persisten en el error de si será Antonio o Antonia. El proceso chapucero hacía aguas por todas partes. 29-12-1941. Archivo Histórico Municipal
 de Estepona (AHME)

Solicitud de informe a la jefatura local de Falange Española Tradicionalista
Archivo Histórico Municipal de Estepona (AHME) 20-1-1942

Este informe de Falange responde atribuyéndole Ideas izquierdistas, significación política y propaganda marxista. Archivo Histórico Municipal de Estepona (AHME) 24-1-1942.

        Para comprender el alcance de aquella represión, es imprescindible recordar cómo funcionaron las Comisiones de Incautación y el Tribunal de Responsabilidades Políticas, instrumentos creados para llevar la represión al ámbito civil y económico.

        En el siguiente artículo publicado en Málaga Hoy, Fernando Arcas y Manuel Morales, compañeros de la profesora Prieto Borrego nos dan una idea de como funcionaban dichas Comisiones de Incautación:

“Málaga Hoy

Descubren 4.000 causas por responsabilidad política

Un equipo dirigido por los historiadores de la Universidad de Málaga Fernando Arcas y Manuel Morales investiga la incautación de bienes acometida por el franquismo. Las comisiones de incautación y el tribunal de responsabilidades políticas fueron los instrumentos de los primeros años de la dictadura para llevar la represión a la vida civil y económica.

[…]La Universidad Málaga (UMA) ha sacado a la luz más de 4.000 causas abiertas en la provincia hasta 1945 por las comisiones de incautación y el Tribunal de Responsabilidades Políticas, las figuras que creó el franquismo para <<hacer llegar hasta el último lugar la represalia>>, explican Fernando Arcas y Manuel Morales, profesores del departamento de Historia Moderna y Contemporánea, que coordinan en Málaga una investigación que se desarrolla en todas las provincias andaluzas sobre el tribunal de responsabilidades políticas.

Hasta 1939 funcionaron las comisiones de incautación para intervenir los bienes de todo aquel que hubiera sido leal a la República. Desde que hace dos años se inició el trabajo se han descubierto en la provincia la existencia de 1.571 expedientes. En febrero de 1939 se promulgó la Ley de Responsabilidad Política, que creaba un tribunal de responsabilidad política para llevar al plano civil y económico la represión. Hasta ahora, el equipo de historiadores ha descubierto documentos que confirman la existencia 2.433 causas y ha localizado 553 expedientes.

Este tribunal, presidido por el gobernador civil, lo conformaban un magistrado de la Audiencia Provincial y un abogado del Estado, además de un juez instructor, tarea que en Málaga desempeñó un militar. El procedimiento constaba de cuatro informes, de carácter político, emitido por la Falange; moral, firmado por el párroco; patrimonial, expedido por el alcalde; y otro sobre comportamiento y antecedentes penales, que elaboraba la Guardia Civil.

No existía la figura del abogado defensor. Si acaso, el procesado podía esperar la buena acción de algún informante. Es decir, algún particular no sospechoso para el régimen que estuviera dispuesto a defender que era una persona de bien. Pero esta figura también se le podía volver en contra, dando cabida a delatores.

<<Se examina toda la sociedad para hallar hasta el último vestigio de las personas que colaboraron con la República. Fue una represalia exhaustiva, que atemoriza y paraliza para imponer el miedo como estado de ánimo colectivo>>, indica Arcas. Fue una represión <<fría, calculada y premeditada>> que, además, tuvo carácter retroactivo, porque la Ley de Responsabilidades Políticas perseguía todas las actividades realizadas desde la revolución de 1934. Esta retroactividad explica por qué de los 553 procedimientos hallados, 68 fueron contra personas ya fallecidas, de ellas 31 fusiladas, y más de 40 exiliados.

La acción del tribunal abarcó todos los estratos sociales: además de centenares jornaleros, campesinos, labradores y arrieros, fueron procesados, según lo descubierto hasta ahora, 25 industriales, 19 médicos, seis catedráticos, 11 terratenientes, 72 militares, tres guardias civiles, numerosos carabineros y algunos guardias de asalto. Y quienes no tuviesen bienes incautables se veían sometidos a multas que pagaban a plazos. La ley establecía inhabilitaciones profesionales, confinamientos, destierro, pérdida de bienes y multas para los encausados.

El colapso burocrático que generó la persecución civil y económica de los republicanos obligó a modificar la Ley de Responsabilidades Políticas en 1942, con el fin de agilizar los procedimientos. A partir de ese momento se empezaron a archivar parte de las causas, hasta que en 1945 fue derogada la norma, aunque numerosos procedimientos, a consecuencia de la propia inercia administrativa, se mantuvieron vivos hasta 1966.  [ …]”.

         Aunque finalmente fue liberada, la pesadilla no terminó. Mi abuela soportó siete años de investigación y represión, embargos de bienes y la sombra constante del expediente 254. A pesar de todo, sacó adelante a sus nueve hijos, trabajando sin descanso y amasando pan cada madrugada para vender a sus vecinos.

 

        Su historia es la de tantas mujeres anónimas que sostuvieron a sus familias en los años más duros de la posguerra.

       Este pequeño trabajo de investigación es un homenaje a ella y a todas las mujeres que, mantuvieron en pie a sus hogares en tiempos de hambruna, miedo y silencio dentro de una dictadura que ejerció una  represión brutal e inmisericorde.

"La incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado... "
March Bloch, historiador francés.

FUENTES

· Archivo Histórico Municipal de Estepona (AHME)

· Malaga Hoy

AGRADECIMIENTOS

A la profesora Lucía Prieto Borrego y a Alfredo Galán director del Archivo Histórico
Municipal de Estepona, por su buena disposición siempre prestos a ayudar a los que nos apasiona la investigación.